Han pasado 39 años desde que Jerry Brown firmara la llamada ley MICRA. Pocos ciudadanos saben lo que sus siglas representan. Pero sus afectados sufren las devastadoras consecuencias en cada rincón de California, y cuando ese sufrimiento se materializa, es porque ya se han convertido en víctimas de negligencia médica.
MICRA es una ley que limita la compensación económica que un afectado por mala praxis médica puede recibir en concepto de ‘daños no económicos’ en un proceso legal.
Mientras que los ‘daños económicos’ cubren las facturas médicas y la pérdida salarial incurrida por la víctima, los ‘daños no económicos’ se otorgan para compensar las secuelas físicas, el dolor, el trauma y el sufrimiento emocional derivado de la negligencia médica. La reparación de los ‘daños no económicos’ responde a factores subjetivos, por lo que es difícil de cuantificar y, por tanto, su cálculo varía en función de la gravedad de las lesiones que presente cada individuo.
Sin embargo, en el año 1975, el gobernador Demócrata sucumbió a la presión de la industria médica y farmacéutica y, con su firma, pasó un polémico acta que ha dejado a los afectados con limosna en las manos: Independientemente de la gravedad de las lesiones, un afectado sólo puede recibir $250.000 en ‘daños no económicos’.
“La campaña, impulsada en particular por el campo médico, exime de responsabilidad a la parte que actuó de forma negligente”, denuncia Christine Hines, de Public Citizen, una organización que vela por los intereses del consumidor.
Los defensores de MICRA y de la más extensa Reforma de Leyes de Responsabilidad Civil (TORT en inglés) han invertido grandes sumas de dinero y tiempo en reforzar el mito de que las demandas frívolas han disparado el precio de la sanidad en Estados Unidos. Este es precisamente el discurso perpetuado durante décadas por la Asociación Americana de la Reforma TORT, que se apoyó en el expresidente George W. Bush para pasar leyes similares a MICRA en una veintena de estados.
En un estudio titulado ‘Las Víctimas Ocultas de la Reforma Tort: Mujeres, Niños y los Ancianos’, Lucinda M. Finley asegura que “no hay evidencia empírica de que limitar los ‘daños no económicos’ tenga un efecto significativo en las tarifas de los seguros”, un argumento con el que también coincide Hines.
“Lo que realmente hace que suba el precio de la sanidad son los errores médicos”, dice la analista. “En este país hay una crisis de errores médicos”.
Cuando el 5 de mayo de 2014, un jurado de Los Ángeles otorgó más de $2 millones a Michael Markow en concepto de ‘daños no económicos’ tras haberse quedado tetraplégico, dicha sentencia quedó reducida a $250.000, tal y como lo exige MICRA.
Esos $250.000 de 1975, equivalen en la actualidad a unos $65.000. La cifra ni siquiera ha sido ajustada con la inflación en sus casi cuatro décadas de existencia. De haber sido así, la indemnización económica superaría los $1.1 millones. Varias organizaciones han recavado firmas para que se presente en noviembre una propuesta que aumente a $1.1 millones la indemnización que reciban las víctimas en California.
Pero además, el tope de 250.000 –impuesto arbitrariamente– es el motivo por el cual los Markow –al igual que muchos otros afectados– se enfrentaron a tantas dificultades para encontrar un abogado: MICRA limita también el porcentaje de dicha cantidad que un abogado puede recibir por representar a su cliente.
En este contexto, la votación de noviembre es la piedra angular de la estrategia legal de los abogados de Markow.
“Si la defensa apela la sentencia y además se sube el límite a $1.1 millones, le pediremos al juez que aplique ese límite a la sentencia”, asegura Arnie Goldstein.
Cedars-Sinai confirmó que “está revisando todas las herramientas legales disponibles”. Sin embargo, el Gobernador de California, Jerry Brown, no se ha pronunciado sobre el futuro de MICRA.
“Hace 38 años, CA pasó una de las leyes más duras de la nación, limitando los derechos legales de los pacientes”, alega la Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y la Democracia, Joanne Doroshow. A fecha de hoy, no hay indicios contundentes de que California vaya a emular el ejemplo de Georgia, Illinois, Missouri y Florida, que han revocado los límites de responsabilidad civil.
Pero de no elevarse el tope actual por encima de $250.000, no se vislumbra un escenario alentador para los Markow. A pesar de que el jurado ha otorgado $4.728.185 a Michael en concepto de ‘daños económicos’ y Francine ha recibido casi $1 millón por pérdida conyugal, estas cifras no son suficientes para enfrentar los gastos médicos millonarios que se avecinan. Los Markow se verán obligados a recurrir a programas como Medicare o Medicaid, lo que trasladará la responsabilidad financiera de la entidad negligente al gobierno.
“El gobierno cubre el 80% de las facturas médicas”, comenta Francine. “Pero Michael necesita rehabilitación física y eso no está cubierto”.
A sus 63 años, el trabajo que personal médico cualificado debería hacer recae ahora sobre esta mujer de cuerpo menudo. “Yo sola no puedo cuidarle”, asegura con tristeza en sus ojos. La pareja ha tenido que vender su casa de toda la vida porque la aparatosa silla de Michael no cabía por la puerta.
“Mi padre nunca podrá llevar una vida normal, ni jugar con sus nietos”, se lamenta su hijo.
Si para Michael esta experiencia ha sido una condena en vida, para su esposa se ha convertido en una lección que nunca olvidará.
“Yo voté para que Brown pasara la ley en 1975”, dice con arrepentimiento Francine. “Las asociaciones de médicos y las farmacéuticas decían que los gastos de salud y los seguros médicos subirían”.
Poco sabía ella que, casi cuarenta años después, sufriría las irreparables consecuencias de una ley que ella misma secundó.
Para Michael, cuya esperanza de vida ha quedado reducida a 5.2 años tras las graves lesiones sufridas, sólo le queda encomendarse al gobernador de California, que goza de una nueva oportunidad para ratificar su compromiso con los pacientes y víctimas de negligencia médica. Qué hará, sólo lo sabe él.
El mensaje de esta familia a su Gobernador es una invitación a que constate el deplorable estado en el que ha quedado este hombre de 67 años.
Copublicado con Hoy Los Ángeles (ahora el The LA Times en español)
Por Aitana Vargas
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