Más de 1360 niños separados de sus padres tras la "Tolerancia Cero"

Por Los Ángeles Press

(McAllen, Texas) – Seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos separara de manera forzosa a miles de niños y niñas de sus padres en la frontera, al menos 1.360 menores aún no han sido reunidos con sus familias, según un informe publicado por Human Rights Watch, el Texas Civil Rights Project (TCRP) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale. El informe denuncia que los esfuerzos de Estados Unidos para reunificar a las familias separadas no han reconocido adecuadamente el grave daño que esta política provocó.

El informe de 135 páginas, titulado “‘Tenemos que llevarnos a los niños’: Tras seis años de la política de ‘Tolerancia Cero’, la rendición de cuentas es nula”, documenta que en muchos casos el gobierno no informó a los padres sobre el paradero de sus hijos durante días o incluso semanas, lo que se ajusta a la definición de desaparición forzada según el derecho internacional. Las separaciones forzadas también podrían constituir tortura, ya que generaron sufrimiento grave e innecesario en los niños y sus familias.

Michael García Bochenek, abogado senior de la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autor del informe, señaló: “Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias. Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”.

El informe revela que los funcionarios de la administración Trump implementaron deliberadamente esta política con el fin de disuadir a otras familias migrantes. A pesar de que se intentó acelerar la reunificación familiar, altos funcionarios intervinieron para mantener a los niños separados, incluso cuando otras agencias federales trataban de reunirlas rápidamente.

Entre 2017 y 2021, el gobierno separó a más de 4.600 niños y niñas de sus padres. De esos menores, 1.360 siguen sin haber sido reunificados con sus familias, lo que representa casi el 30% de los casos de separación forzada ocurridos durante la primera administración del presidente Donald J. Trump.

A partir de 2017, el gobierno utilizó una interpretación innovadora de leyes federales para separar a las familias. Primero, procesó a los padres por “ingreso indebido” y luego, mediante un mecanismo de transferencia, trató a los niños como no acompañados, lo que permitió que fueran enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU.

Aunque una orden judicial en junio de 2018 detuvo la separación sistemática de las familias, el gobierno continuó separando a cientos de niños hasta fines de 2019. Las entrevistas con padres y niños en 2018 y 2019 revelaron el impacto psicológico devastador de la separación, incluyendo angustia intensa y ansiedad.

A pesar de las advertencias previas sobre los riesgos que la separación de familias implica para los menores, el gobierno de EEUU no compartió información relevante sobre los niños separados, lo que dificultó los esfuerzos para reunificarlos. De acuerdo con un juez federal, el gobierno mantenía mejores registros de bienes que de los niños bajo su custodia.

Internamente, funcionarios del gobierno mostraron que la separación de las familias era un objetivo deliberado. En mayo de 2018, el fiscal general Jeff Sessions afirmó: “Tenemos que llevarnos a los niños”. Ese mismo mes, otro alto funcionario de Inmigración escribió sobre la expectativa de que las familias no serían reunificadas.

La administración Biden ha tomado medidas para abordar el daño causado por la separación, como permitir que los padres ingresen temporalmente a EEUU, reabrir casos de asilo y ofrecer algunos servicios de salud mental a las familias reunificadas. Sin embargo, activistas señalan que estas acciones no son suficientes para reparar el daño sufrido.

Danny Woodward, abogado de TCRP, comentó: “El estatus temporal y el acceso a servicios por un período breve no son en absoluto una compensación adecuada por haber separado de manera deliberada a las familias. Los actos de tortura y otros agravios graves requieren una reparación integral”.

*Con información de HRW.